El área de ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación construir sustentabilidad y democracia Cristina Elena Maiztegui ; director: Jorge Pérez

Tesis presentada como requisito final para la obtención del Título de Magister en Desarrollo Sustentable del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales y la Universidad Nacional de Lanús Magister en Desarrollo Sustentable del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales y la Universidad Nacional de Lanús Jurado: Rubén Pesci, Graciela Guidi, Matías Manuele

El siglo 21 caracterizado por la complejidad, el cambio de paradigmas económicos y científicos y la sociedad de riesgo global, ha traído nuevas consecuencias negativas para el ser humano y para los sistemas ecológicos, en el mundo y en Argentina. Las instituciones estatales se han mantenido prácticamente sin cambios desde su surgimiento y se encuentran distanciadas de la población. Nuestro Derecho, que se transforma con la reforma constitucional de 1994, da vida a la institución Defensor del Pueblo (Ombudsman) y reconoce los primeros derechos ambientales de la población. Esta tesis demuestra que ambas reformas pueden ser herramientas de la democracia capaces de equilibrar desajustes derivados del modo no sustentable de desarrollo. Se creó un área específica en la Defensoría del Pueblo de la Nación, para la defensa de los derechos ambientales, y se utilizaron las herramientas que hoy brinda el Nuevo Derecho Ambiental Argentino. Se promovió la articulación con universidades y organizaciones sociales de defensa ambiental, con base en la metodología de FLACAM. La acción ambiental realizada entre los años 2005-2012, en base al paradigma de la confianza mutua y sumando algunos elementos más (como la visibilización de los problemas) permitió lograr resultados/procesos interesantes que denominamos “Procesos socio-políticos de cambio ambiental”. Entre ellos los casos: Matanza-Riachuelo o Reconquista en el Área Metropolitana de Bs. As; Salí-Dulce en el Norte del país. El proyecto demuestra que un organismo estatal de defensa de los derechos humanos puede aportar a lo que Enrique Leff denomina racionalidad ambiental instrumental, proponiendo caminos sustentables que reflejen un nuevo conjunto de valores. Se concluye que el concepto de Ambiente y Sustentabilidad son esenciales para avanzar en el sentido adecuado, que el Defensor del Pueblo aporta sustentabilidad democrática, que el Derecho ambiental actual promueve la sustentabilidad y que la gestión ambiental pública debe enlazarse con las actividades económicas.

Characterized by its complexity, changes in economic and scientific paradigms and a global risk society, the XXI Century has brought new and negative consequences for both, the human being and the ecological systems in Argentina as well as in the world. Since the times of their inception, government institutions have not implemented practically any changes and find themselves distanced from the citizenry. Our laws, which see a transformation with the constitutional reform of 1994, give life to the institution of Ombudsman (Defensor del Pueblo) and recognize important environmental rights for the people. This thesis shows that both reforms are capable democracy's tools for balancing inequalities derived from unsustainable ways of development. The office of the Ombudsman established a specific department for the defense of these rights using the tools that the New Argentine Environmental Laws give us today. Based on FLACAM methodology, articulation with universities and social organizations for environmental defense was promoted. The environmental action put in motion between 2005 and 2012, based on the paradigm of mutual trust and some other elements like the visibility of problems, allowed to achieve interesting results and processes that we call Socio-political Processes of Environmental Change. Among them, the Matanza-Riachuelo or Reconquista in the Buenos Aires Metropolitan Area; and Salí-Dulce in the North part of the country. The project shows that a government institution for the defense of human rights can contribute to a new instrumental environmental rationality, proposing sustainable ways that mirror the new set of values. It is then understood that the correct conceptualization of Environment and Sustainability are basic elements to go forward in the most adequate way; that the Ombudsman contributes to democratic sustainability; that present Environmental Law promotes sustainability and that the public environmental work must be linked to economic activities.

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